En el marco de la discusión de la nueva normativa, los gremios del mundo de la madera hacen un llamado urgente a retomar esta discusión antes que comience una nueva temporada de incendios y se tenga que lamentar más víctimas por la falta de preparación y prevención
A solo semanas de lanzarse la nueva temporada de incendios forestales 2024-2025, la discusión que se está llevando a cabo en el Congreso sobre este tema se encuentra completamente estancada. Por lo mismo, los gremios y asociaciones forestales agrupadas en Futuro Madera, enviaron una advertencia a través de una carta a los alcaldes de las regiones del Biobío, Maule, Ñuble y Araucanía, con el objetivo de expresar su preocupación en torno a esta tardanza y al contenido del cuerpo legal.
En la misiva, la red compuesta por la Asociación Chilena de Biomasa – AChBIOM; Asociación de Contratistas Forestales – Acoforag; Asociación de Propietarios de Bosque Nativo – Aprobosque; Colegio de Ingenieros Forestales – Cifag; Corporación Chilena de la Madera – Corma y Pequeños y Medianos Industriales de la Madera – PymeMad, ahondó en cómo esta norma afectará a los municipios.
“Entendemos que esta legislación significará una serie de obligaciones para las municipalidades, que muchas veces ya cumplen con estos estándares por mera iniciativa. A través de esta norma, se establece la obligatoriedad para los gobiernos comunales de hacer cortafuegos, estableciendo zonas de interfaz y normas de acción. Pese a que el objetivo es prevenir el avance del fuego, esta norma implicará una mayor carga para la administración comunal, además de que no recoge las distintas realidades geográficas”.
Asimismo, desde la red señalaron que desde el mundo de la madera, sí creen que es urgente contar con una normativa en torno a este tema que se encargue de prevenir la ocurrencia de incendios, combatir con recursos adecuados y reducir la propagación del fuego, investigar las causas, perseguir la intencionalidad y recuperar las zonas afectadas por los incendios. Sin embargo, aclaran que el actual proyecto en tramitación, contiene una serie de falencias que deben ser corregidas para lograr una gestión integral de los incendios forestales y rurales.
Se argumenta que el actual proyecto que busca regular la prevención de incendios forestales y rurales (Boletín 16335-14) se concentra principalmente en reducir la propagación, sin abordar integralmente el ciclo completo de manejo de incendios. Además, señalan que este proyecto no entrega nuevas herramientas preventivas ni asume las brechas en la lucha contra la intencionalidad y la negligencia, y tampoco considera un apoyo suficiente para las zonas rurales afectadas por incendios, especialmente para los pequeños propietarios.
Dentro de su análisis, los gremios destacan 5 componentes que consideran necesarios para mejorar el proyecto de ley de incendios:
● Perseguir la intencionalidad. El actual proyecto no aborda la intencionalidad y, por el contrario, responsabiliza a propietarios agrícolas y forestales ante posibles incendios.
● Promover la recuperación. El proyecto omite cualquier apoyo para la recuperación de la vegetación afectada si ésta tiene un objetivo comercial de producción maderera. Luego de los incendios, miles de personas quedan sin sus fuentes de trabajo y sin ningún apoyo por parte del Estado para volver a pararse frente a la adversidad.
● Permitir a los pequeños y medianos propietarios definir qué plantarán. El proyecto en su Título II limita la decisión del propietario sobre qué plantar nuevamente en los terrenos afectados por los incendios, perjudicando directamente en su libertad a los dueños, obligándolos a someterse a lo que defina la autoridad.
● Fortalecer el combate y potenciar la labor de los brigadistas. El actual proyecto no entrega facilidades para la lucha contra los incendios forestales, tales como el acceso a predios o el uso de fuentes de agua cercanas al incendio. En cuanto a las personas que combaten los incendios, no se incorpora un régimen laboral de los jefes de brigada y de los asistentes de operaciones que faciliten el combate nocturno, ni se explicitan medidas de seguridad ante ataques a los combatientes terrestres y aéreos.
● Que las normas sean para todos. En nuestro país hay 23.000 propietarios de plantaciones y más de 90.000 propietarios de bosque nativo, por lo mismo se debe considerar que las normas que se acuerden no solo deben ser para las plantaciones, ya que al ser combustibles, ambas formaciones están expuestas a quemarse.
Por último, los gremios destacan la importancia de que esta ley identifique detalladamente el rol de los municipios en la implementación de esta ley, ya que actualmente las obligaciones de los gobiernos comunales no están claras.
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